La separación entre la okupación social y la okupación política

Para los medios de comunicación, e incluso para el propio tejido militante, existe una distinción entre el fenómeno de la okupación de la vivienda y la okupación de edificios para la creación de Centros Sociales. Ambas son producto de la expropiación ¿qué tan grande es la brecha que las separa?
Foto: una de las señas de la transformación de los espacios comunitarios

La ocupación ilegal de edificios y viviendas fue algo relativamente frecuente a lo largo del siglo pasado. Estas ocupaciones venían a dar respuesta a la falta de acceso a la vivienda para algunas familias. Sin embargo, el movimiento organizado por la okupación política y social surge en el Estado español en la década de los 80 del siglo pasado.

La primera experiencia madrileña de okupación para la creación de un espacio propio tuvo lugar el 1 de noviembre de 1985 en la calle Amparo de Lavapiés. El proyecto duró 12 días al ser el edificio desalojado por las fuerzas del Estado. A pesar de ello, de la experiencia surge lo que se conocería como la Asamblea de Okupantes de Madrid. En otras partes del Estado también empezaron a florecer este tipo de acciones como lo fue el caso del Ateneu de Cornellà (1986) en Catalunya o el Bilboko Gaztetxea de 1986 en Euskal Herria. Desde entonces, la actitud de empresarios, políticos y medios de comunicación fue clara: la okupación era la acción directa de vagos, delincuentes y drogadictos anti-sistema que buscaban socavar la estabilidad de la ciudad reivindicando una sociedad diferente e impráctica.

Actualmente la deslegitimación de la okupación es un hecho ya palpable en la época del 15M pues desde algunos entornos (casualmente cunas políticas de Colau y Cía) se huía de la nomenclatura «okupa» y se promovía el diálogo con las instituciones (véanse el Espacio Polivalente Autogestionado Patio Maravillas en Madrid y el Espacio Social Magadalenes en Barcelona).

¿Qué implica la palabra «okupa»? Para los medios de comunicación, e incluso para el propio tejido militante, existe una distinción clara entre lo que denominaremos aquí como okupación social (aquella que busca dar una respuesta habitacional) y la okupación política (la que hace de la creación de espacios comunitarios alternativos su reivindicación). Existen dos opciones para la separación: se deba a que es la consecuencia inevitable de la profesionalización de las luchas concretas; o bien, sea síntoma de una pérdida de referencia y estrategia teniendo por base la espontaneidad de los movimientos sociales.

Separadas o no, para los medios de comunicación la fractura desaparece. Según estos, ambas traen caos e inestabilidad a los barrios que la sufren.

En definitiva, sucesivas experiencias han ido marcando hitos en lo que respecta al movimiento de la okupación para cristalizar en plataformas por el derecho a la vivienda y la creación de centros sociales autogestionados. Quizá pueda resultar paradójico que una misma acción (la expropiación de bienes inmuebles) se desvirtúe y separe ya que a priori ambas dan una respuesta social a necesidades humanas, a necesidades de nuestra clase.

Los años de felipe gonzález y aznar

Si queremos acreditar el origen del movimiento okupa a su importación desde otros países europeos donde ya llevaba unas décadas fraguando (Holanda, Alemania e Italia) nos quedaremos cortos. Las condiciones materiales que se desarrollaron a lo largo del siglo pasado a nivel internacional llegaron tarde a España, desarrollo que se vio favorecido al incorporarse como nuevo miembro de la Comunidad Económica Europea.

…se liberalizó el alquiler (anteriormente de carácter vitalicio) mediante el decreto Boyer de 1985 abriendo las puertas a la especulación de precios del alquiler.

La década de los 80 se caracterizó por la implantación de una serie de políticas económicas y sociales. Las liberalizaciones y entradas de capitales europeos buscaban la modernización de los capitalistas españoles a nivel de bloque europeo y la maduración de su papel imperialista a nivel internacional.

Para ello, bajo la tesis de reestructuración de la industria se destruyó el  obsoleto tejido industrial. En el terreno de la vivienda, se liberalizó el alquiler (anteriormente de carácter vitalicio) mediante el decreto Boyer de 1985 abriendo las puertas a la especulación de precios del alquiler. El suelo tampoco quedó exento de especulación: antiguos edificios de viviendas o fábricas fueron derribadas para construir nuevas viviendas u oficinas y hacer negocio; el sector de la construcción empezó a dar enormes beneficios que, junto al endeudamiento favorecido por el sistema crediticio de los bancos y cajas, hizo que la demanda de la vivienda no parase de crecer y, junto a ella, sus precios.

Paralelamente, el mercado laboral y, por ende, las condiciones laborales, se liberalizan progresivamente: el despido se hace cada vez más libre y crece la temporalidad.

En este contexto socioeconómico, no nos debe extrañar para qué se usó y se sigue usando el lema, tantas veces gritado, «ni casas sin gente, ni gentes sin casa».

Dinámicas del tejido asociativo: reforma o revolución

En el movimiento por la vivienda, podemos asumir que existen dos vertientes diferenciadas con respecto a lo que fundamenta la situación social actual: una reniega completamente del sistema capitalista pues éste lleva en su desarrollo todos estos conflictos socio-económicos; la otra, percibe la especulación como un fallo en la gestión de la ciudad que se hace bajo dicho sistema. Desde esta última, se reivindica un reformismo urbano que critica la aglomeración urbana, la gentrificación de las ciudades, la falta de zonas verdes y reclama la democracia participativa. Ignora que la reconversión industrial, la renovación del inmobiliario urbano y la tercerización económica de las ciudades responden a las dinámicas inherentes al desarrollo capitalista y no a una gestión negligente del mismo.

Plataformas como las Plataformas de Afectadas por la Hipoteca (PAH) o los Sindicatos de Vivienda y, en su momento, desde algunos Centros Sociales Okupados Autogestionados (EPA Patio Maravillas y el ES Magdalenes) se postulan por esta segunda vertiente (por la práctica de contingencia). Combinan la negociación ante las administraciones y bancos (como portavoces del afectado) con concentraciones y acciones de boicot para afectar la imagen pública de estas entidades.

Si bien sus acciones no son nada desdeñables como ocurre por ejemplo con algunos sindicatos de la vivienda en Barcelona que, participando en las redes tejidas en la órbita de algunos casals con un fuerte arraigo barrial, consiguen parar todos los desahucios a los que se enfrentan (inclusive bajo la suspensión de desahucios por la pandemia), el boicot a la imagen y la petición de reformas, puede quedar en saco roto. Es decir, tras las pertinentes elecciones, la administración de turno toma el mando (diluyendo así toda imagen ensuciada de la previa) y puede derogar sin miramientos toda reforma introducida. Por otro lado, muchas de las denuncias que se hacen van dirigidas a inmobiliarias de bancos, pero estos bancos pueden desprenderse de dichas inmobiliarias en un abrir y cerrar de ojos como fue el caso de Solvia, la antigua inmobiliaria de Sabadell que cuenta ahora con la inmobiliaria Fincamps.

Hacia la legitimidad de la okupación

Según el censo del INE de 2011 (el último de este tipo), en la Comunidad de Madrid existían más de 260.000 viviendas vacías. Con el sector de la construcción en parón  desde la crisis de 2008 y con un número de viviendas en régimen de alquiler cada vez mayor en las ciudades principales, ¿se estará alquilando la vivienda vacía? La respuesta es no. El constante aumento de los precios del alquiler se explica por la creciente demanda en un mercado para el que la oferta es baja: para poder especular, debe haber vivienda desocupada. La vivienda, pues, ha cambiado de propietario y cada vez se concentra más en manos de unos pocos.

Ante la imposibilidad de pagar el alquiler, ¿queremos realmente que se construya más vivienda social? La okupación es más que nunca un acto legítimo.

Expropiar, concianciar y resistir

Un espacio comunitario ha de ser un lugar de encuentro y de práctica social. Por ejemplo, un parque es un espacio que pertenece a una comunidad en la que el sujeto es el contribuyente. La práctica social te lleva a hacer uso y disfrute del parque sacando a pasear al perro y saludando a tu compañero de paddle, pero no te involucra en su gestión. Hay que cuidarlo, eso sí, porque no vas a descuidar lo que pagas con tus impuestos y te pertenece. 

Además de los parques el contribuyente tiene acceso a una serie de servicios y espacios institucionalizados como son las instalaciones deportivas, bibliotecas, centros cívicos… previo paso por ventanilla.

A pesar de contar con dichos servicios, como la economía urbana se terceriza y junto a ella el panorama urbano se remodela, la cultura de consumo se desarrolla hasta ser colmada como nicho de mercado. El espacio para socializar se ha sustituido por un espacio en el que se consume (centros comerciales, hostelería, actividades de ocio…). Es decir, así como la okupación social viene a resolver la carencia de una vivienda, la okupación política reivindica los espacios comunitarios que nos han sido arrebatados (ambas efecto del desarrollo del sistema capitalista).

[Los CSOA] son espacios de toma de conciencia, de práctica conjunta y de creación de nuevos lazos personales.

El CSOA Minuesa, resultado de las primeras andanzas del movimiento organizado por la okupación en Madrid, es un curioso ejemplo de espacio autogestionado. Surge del apoyo al conflicto laboral de una imprenta con el mismo nombre en 1988, situada en lo que se convertiría posteriormente en Centro Social. La empresa se había declarado en bancarrota y quería despedir a los trabajadores quienes, atrincherados en el lugar, reclamaban sus derechos. Los propietarios pretendían demoler el edificio para reedificar y hacer negocio. Una vez resuelto el conflicto laboral la antigua imprenta quedó en manos de la Asamblea de Okupantes de Madrid. Además, sobre la imprenta había viviendas vacías y otras que habían estado usando los obreros. Es decir, un espacio en el que se combinó la gestión de la okupación política y social.

En la actualidad, el nivel de implicación y aceptación vecinal de los CSOA, gaztetxes o casals varía según la zona. En términos generales, su peso barrial ha ido disminuyendo a lo largo de los años. A pesar de ello, cada okupación de vivienda o nuevo CSOA seguirá suponiendo una pequeña victoria contra acaparadores y especuladores que siempre actuarán en contra de nuestros intereses.

En resumen, los CSOA son puntos de encuentro y reunión para el barrio y la militancia al margen de toda institución y burocracia. Son el faro político y cultural al que acudir en el océano que es el capitalismo: son espacios de toma de conciencia, de práctica conjunta y de creación de nuevos lazos personales. Aquí el sujeto ya no es un mero contribuyente, sino que participa en la gestión: se organizan las fiestas barriales o de pueblos, se dan talleres y formaciones, debates, clases…

En definitiva, son espacios en el que la práctica social genera unas relaciones sociales totalmente diferentes a las vigentes en la sociedad actual.

A pesar de todo esto, se puede decir que vienen a ocupar el hueco que dejaron las asociaciones vecinales del pasado. Es decir, espontáneamente buscan dar soluciones a las necesidades a nivel barrial: dan «forma», pues muestran y transmiten una alternativa cultural y relacional, pero vagamente dan una «estructura» superadora ya que se organizan por comités y asambleas para su autogestión por lo que no suele haber estructura más allá del propio CSOA (aunque en algunos sitios se están dando pasos en este aspecto, véase las redes de protección de gaztetxes como Erraki y coordinadoras juveniles).

Avanzar

Es nuestra labor unir el legado de estas experiencias, de la profesionalidad en las luchas concretas, a una estrategia común superadora. Es en estos oasis autogestionados donde se origina el germen de la nueva sociedad, y desde donde atacar en común los problemas sociales que nos afectan y que el Estado ignora o burocratiza su gestión: son limpia y llanamente, espacios de lucha de clases.